Ante los anuncios del gobernador Antonio Bonffati y la intendenta de la ciudad, Mónica Fein sobre la instalación de 600 cámaras de vigilancia en Rosario, Santa Fe y sus áreas metropolitanas, los concejales del Frente para la Victoria, Norma López y Roberto Sukerman, señalaron que "si bien es auspicioso que se invierta en la materia, tanto el gobierno Provincial como Municipal, deben escuchar los proyectos y soluciones que plantean otros sectores, establecer políticas planificadas para combatir la inseguridad y regular la aplicación de instrumentos tecnológicos que ni siquiera fueron reglamentados a nivel Provincial".

Por su parte, Norma López señaló: "Hemos presentado un plan de regulación integral para las videocámaras, de las que, solo se instalaron las primeras 23 de las 100 que supuestamente iban a colocar. Ahora, con este nuevo anuncio, esperamos que cumplan con lo prometido pero, además, que se regule su funcionamiento ya que el Estado debe asegurar la convivencia ciudadana en los espacios público o privados de acceso público, y regular la instalación, instrumentación y uso de la captación de imágenes mediante cámaras. Regulación que hasta ahora no existe a nivel Municipal y que, pese a que fue sancionada hace dos años a nivel Provincial, tampoco se reglamentó".

Convenio público- privado

En ese sentido, el jefe de bloque del FPV, Roberto Sukerman, especificó: "Proponemos la creación de una Comisión de Garantías para resguardar los derechos individuales y que los grandes comercios hagan convenios con la Municipalidad aportando nuevas cámaras al servicio de monitoreo. De esta manera, vamos a tener cobertura en los grandes centros de concurrencia y las cámaras que se pretenden instalar se podrán utilizar en los lugares con mayor conflictividad en materia de seguridad, como los son los espacios alejados del centro, viéndose beneficiados tanto el sector público como el privado. El Estado sumando más cámaras al sistema de monitoreo, y el privado al ser monitoreado las 24 hs. Esto tiene como objetivo primordial lograr equidad y justicia social. Prever la posibilidad de que distintos actores del sector privado se integren al sistema público de monitoreo comprando las cámaras permite que el Estado pueda invertir en aquellas zonas que de acuerdo al mapa del delito requieran instalaciones de cámaras de videovigilancia".

Rosario Alerta 2.0

Asimismo, los ediles mostraron su preocupación ante los anuncios ya que "no sabemos cómo va a funcionar el sistema. Es decir, si existen cámaras de la Municipalidad y la Provincia, deberían actuar en forma articulada y no solo con el 911 como anuncian. Nosotros propusimos un sistema integral de alertas al que denominamos Rosario Alerta 2.0, consistente en la implementación de una plataforma informática que integrará cámaras de video vigilancia, botones de pánico, GPS, teléfonos celulares, posnets, internet y redes sociales. Funcionará de manera integrada y coordinada en un Centro de Monitoreo desde dónde se recibirán los llamados y denuncias y se tomarán las decisiones que sean las más adecuadas para la resolución de la situación de emergencia anoticiada".

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“No podemos hablar del 911 y de las cámaras de manera paralela: es un mismo sistema de seguridad. Lo vamos a inaugurar el 27 de septiembre en Paraná y ha llevado muchísimo tiempo poder implementarlo y la decisión del gobernador es trasladar la implementación paulatina a Concordia como un segundo paso”, indicó Bahl ante funcionarios judiciales, legisladores, representantes de las fuerzas de seguridad y concejales.
El ministro aseguró que el Jefe de Policía de la Provincia, Héctor Massuh, dispuso que los técnicos de la fuerza estén trabajando en Concordia para determinar la cantidad de cámaras y funciones, requisitos técnicos y características de las mismas. Para diferenciar un modelo de otro, mencionó que en las Cinco Esquinas de Paraná hay un domo que permite un paneo de 360 º mientras que frente a un banco hay cámaras fijas que sólo apuntan en una dirección. En consecuencia, los técnicos de la Policía deben determinar que se necesita en cada lugar donde se instalen.
En tal sentido, Bahl rescató el proceso de formación de los técnicos de la fuerza en los tres años en que estuvieron trabajando en el tema. “Han podido incorporar mucho conocimiento lo que los pone en una situación muy ventajosa para tratar de lograr el mejor resultado con una inversión aceptable”, mencionó.
Asimismo, recalcó que el sistema prevé la incorporación de fibra óptica y de cámaras de primera calidad que pueden sacar fotos a 400 metros de distancia con un grado de nitidez notable. “Se transforma en un antes y un después con respecto a la prevención de seguridad”, dijo el ministro.
“Ya hay una decisión del gobernador y la Policía ya está trabajando y el compromiso es informarles a ustedes mes a mes, a través de los legisladores, como va avanzando el proceso de licitación. No es de hoy para mañana sino que hay que cumplir los pasos correspondientes. Pero, tomada la decisión, se avanza como se ha avanzado en Paraná”, dijo para cerrar Bahl.
Al término de la reunión, el presidente del Centro de Industria, Comercio y Servicios, Walter Kleinman, se manifestó conforme con la convocatoria debido a la presencia de Bahl y Massuh. Además dijo que las reuniones se están haciendo como correspondía por ordenanza, una vez por mes. En ese sentido, adelantó que ya hay fecha para el próximo encuentro: el primer martes de octubre.
Respecto de las cámaras, dijo que “no es lo más importante” en lo que hace a la seguridad de la ciudad. De todas formas, extrajo como positivo el anuncio de que la segunda ciudad donde se va a implementar el 911 será Concordia. “Esperaremos, ya incluso hay técnicos que están trabajando en la ciudad para en el futuro implementar el mismo sistema”, mencionó.

Ciudad de México (4 septiembre 2012).- Siete funcionarios del aeropuerto capitalino, entre ellos el subdirector de Seguridad, Rubén Cruz Sánchez, fueron destituidos, inhabilitados o sancionados económicamente por la Secretaría de la Función Pública (SFP) por presuntas irregularidades en la adquisición de equipo tecnológico de seguridad.El pasado 20 de agosto, el Órgano Interno de Control emitió dos resoluciones, una por el expediente de investigación R-22/2010 SACM, referente a la compra de un sistema de videovigilancia de 1.5 millones de dólares, y el R-23/2010, por dos unidades móviles de rayos X, estimadas en 2 millones de dólares.Ambos procedimientos de adquisición datan de 2007.Por estos hechos, Cruz Sánchez, quien tenía cinco años en el cargo, quedó inhabilitado durante 13 años para desempeñar puestos en áreas gubernamentales y deberá pagar una multa de 27 millones 831 mil 116 pesos.Los otros funcionarios despedidos y sancionados por la SFP son Ricardo Arnaud Gómez, gerente de Tesorería, y Julissa Hinojosa Lagunes, subgerente de Tesorería.También Andrés León Giles, ex director general adjunto de Operaciones; Daniel Morales Moreno, ex gerente de seguridad; Jesús Arturo Hernández y Cabrera, ex director adjunto de Administración, y José René Vázquez, de Recursos Financieros.Las sanciones en su contra ocurren dos meses después del tiroteo entre agentes federales que dejó un saldo de tres muertos, incidente que evidenció las limitaciones del sistema de videovigilancia en la Terminal 2 del aeropuerto capitalino.En el primer expediente de la SFP se trata la adquisición de un sistema térmico optrónico de largo alcance para la barda perimetral del AICM que está conformado por 18 cámaras fijas y 3 móviles manipuladas por un software inteligente que detecta intrusos en la oscuridad y bajo condiciones climáticas adversas.La Función Pública, con la opinión de una integradora mexicana, determinó que la compra se hizo a sobreprecio, pues las cámaras de videovigilancia no rebasarían los 400 mil dólares.Con respecto a las unidades de rayos X, utilizadas para escanear vehículos de proveedores y de servicios en el aeropuerto, la Secretaría indicó que hubo irregularidades no aclaradas.Alega inocencia jefe de AICMEn entrevista con REFORMA, Cruz Sánchez rechazó las observaciones."Legalmente, el dictamen adolece de una condición de técnica jurídica elemental. La resolución es excesiva, desproporcionada, sobre todo porque no hay ningún daño patrimonial. Los equipos están en el aeropuerto, están funcionando", sostuvo.El funcionario refirió que en 2007, cuando asumió el cargo, inició un procedimiento para la compra de cámaras de videovigilancia que serían ubicadas en las bardas perimetrales con la finalidad de monitorear los alrededores y evitar la intrusión de personas u objetos.Tras un dictamen, explicó, eligieron a la compañía española Intavan debido a que era la única que ofrecía la tecnología a medida de sus necesidades y se le adjudicó un contrato de 1.5 millones dólares.El subdirector de seguridad explicó que el sistema es de fabricación militar que sólo puede ser adquirido por entidades gubernamentales y que su venta requiere incluso de un permiso del Departamento de Defensa de Estados Unidos."El proveedor tiene un registro como importador de tecnología militar que puede vender a usuarios finales gubernamentales y con ello garantizar que la utilizada que le den es con fines pacíficos o de prevención de actos terroristas, tuvo el visto bueno de la OTAN", dijo Cruz Sánchez.De acuerdo con el funcionario, la empresa mexicana que afirmó que podría proporcionar el mismo equipo a un costo de 400 mil dólares, Bandasi, no cuenta con las autorizaciones correspondientes para vender dichos equipos, además de que su cotización no incluía el software."Esta empresa nunca ha hecho un sistema como éste, no cuenta con los permisos de Ministerio de Defensa de EU, no tiene un registro de importador para poder hacerlo."Hizo una cotización con lo que encontró en Internet, es decir, que entró a buscar a las páginas de los proveedores, cotizó las cámaras y con base en ellos formuló su propuesta económica, desde luego no cotizó el software, no podía cotizarlo porque es un software a la medida del aeropuerto", comentó.Sobre el caso de la adquisición de equipos de Rayos X, Cruz Sánchez negó que hubiera privilegiado al proveedor.El ex funcionario señaló que prepara su demanda ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la cual afirma que ganará.Invertirán en sistema de videoEl aeropuerto capitalino busca subsanar el atraso e insuficiencia de su sistema de videovigilancia, por lo que invertirá 130 millones de pesos en tecnología.La Subdirección de Seguridad pretende adquirir este año 12 cámaras térmicas y 746 fijas de alta definición.Además, 3 radares terrestres de alta resolución para ubicar personas y vehículos a mil 400 metros a la redonda.Actualmente, la Terminal 1 opera con 449 cámaras análogas, compradas en 2000, y otras 430 digitales de la Terminal 2, adquiridas en 2007, cuando fue inaugurado este inmueble.El desfase tecnológico y la falta de inversión han dado como resultado imágenes de baja calidad y, al mismo tiempo, varios puntos sin cobertura de videovigilancia."Una cámara análoga tiene una resolución limitada, son cámaras muy viejas... lo que veo en la pantalla no es suficiente evidencia, la persona que está allí no parece una cara, parece una huella digital", explicó Fernando Esteban, de la empresa Axis Communications, una de las que concursarán por el contrato.La precaria videovigilancia en el AICM quedó exhibida el pasado 25 de junio durante una balacera entre agentes federales pues el momento del tiroteo no fue registrado por las cámaras. Asimismo, al revisar diversos videos, funcionarios de PGR y de la Policía Federal no pudieron identificar el rostro de los implicados.El AICM contempla adquirir 12 cámaras térmicas y 746 cámaras fijas de alta definición, de acuerdo con el anexo técnico del proyecto.Los aparatos deberán tener la funcionalidad de visión diurna y nocturna y activarse por un sistema de alarma, por detección de movimiento y por detección de audio.Cada uno de los mecanismos contará con su propia tarjeta de memoria y en caso de que el sistema se caiga podrá recurrirse a los videos guardados individualmente en las unidades.Esteban explicó que con la nueva tecnología se obtendrán imágenes de alta definición en las cuales será posible leer las letras de un gafete, los colores lucirán más nítidos y podrán programarse para detectar determinados patrones."Con la tecnología IP la información se almacena en computadora y puedes buscarla por evento, por notas, por fecha, por zona o por forma. El primer beneficio es la operación, la búsqueda y la investigación que se puede hacer con esas imágenes", refirió el especialista.El proyecto abarca tres etapas. La primera consiste en la homologación de las cámaras existentes hacia la tecnología IP; en la segunda, se hará la integración de los distintos lenguajes informáticos a uno solo y por último nuevas lentes -que se localizarán en filtros, salas de últimas espera, en sitios de embarque y desembarque de aviones y en áreas públicas- serán agregadas a la misma plataforma tecnológica.En el sistema también confluirán otras tecnologías como son tres radares terrestres de alta resolución que detectarán con precisión a personas y vehículos en un radio de mil 400 metros bajo cualquier tipo de clima, condición atmosférica o de luminosidad.También se piensa adquirir un cañón sónico que informará a individuos ajenos a las instalaciones que su presencia fue descubierta.

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